Corte Superior de Justicia de Tacna

Jurisdicción: Departamento de Tacna (Provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre)

PREGUNTAS FRECUENTES

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El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución.

No existe, ni puede instituirse, ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral. 

El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. 

El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones. 

Esta ley define los derechos y deberes de los magistrados, quienes son los encargados de administrar justicia; de los justiciables, que son aquellos que están siendo juzgados o quienes están solicitando justicia; y de los auxiliares jurisdiccionales que son las personas encargadas de brindar apoyo a la labor de los integrantes de la magistratura. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, tiene su origen en el Decreto Supremo N° 017-93-JUS promulgado el 28 de Mayo de 1993 y publicado el 2 de Junio del mismo año. Consta de 304 Artículos, 1 Disposición Complementaria Única y 33 Disposiciones Finales y Transitorias.
Es una norma jurídica suprema que consagra los derechos fundamentales de las personas y establece la organización de Estado.

La Constitución Política del Perú en su artículo 138º, señala: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las Leyes." 

El Perú actualmente se rige por la Constitución de 1993

La potestad exclusiva de administrar justicia del Poder Judicial es uno de los principios generales que se cita igualmente en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además, precisa lo siguiente: 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. 

En su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico; disciplinario e independiente en lo jurisdiccional con sujeción a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial determina la estructura del Poder Judicial y define los derechos y deberes de los Magistrados, justiciables y auxiliares jurisdiccionales. 
El Estado peruano está conformado por tres poderes:
  • El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República
  • El Poder Legislativo, representado por el Presidente del Congreso
  • El Poder Judicial, representado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Constitución y las leyes, el Poder Judicial tiene la función de ejercer la administración de justicia a través de sus diferentes instancias: Salas Supremas, Salas Superiores, Juzgados.
El nuevo sistema de justicia implica una configuración del proceso penal según la Constitución Política del Estado, acorde con los principios y derechos de protección a la persona. Por lo que ya “No hay Culpa sin Juicio”, y “No hay Juicio sin Acusación”. 
La persona tiene derecho a:

  • Ser juzgado por un Juez Imparcial
  • Ser Juzgado dentro de un plazo razonable
  • A un juicio oral publico y contradictorio
  • El principio de igualdad entre las partes
  • La presunción de inocencia
  • Al Derecho de defensa
Dentro de las nuevas instituciones en la Reforma Procesal Penal encontramos a los Jueces de la Investigación Preparatoria y los Jueces de Juzgamiento (colegiado – unipersonal) que conforman el Tribunal Oral. 

Así el rol del Juez de la Investigación Preparatoria se centrará a controlar el plazo de la Investigación realizada por el Fiscal, dirigir las audiencias judiciales en la fase de Investigación Preparatoria y resolver sobre la detención o prisión preventiva de los procesados.

Asimismo, por su parte el Juez de Juzgamiento (colegiado – unipersonal) conocerá y juzgará las causas conforme al Nuevo Código Procesal Penal, conducirá el Juicio Oral y dictará sentencia.
Son:
  • Conducir la etapa intermedia.
  • Emitir auto de enjuiciamiento.
  • Apelación sobreseimiento fiscal.
  • Control de sobreseimiento.
  • Pronunciarse sobre el exceso de duración de las diligencias preliminares o 
    plazo irrazonable.
  • Pronunciarse sobre control del plazo de la Investigación Preparatoria.
  • Emitir decreto convocando a audiencia preliminar
  • Dirección de audiencia preliminar – revisar las objeciones planteadas.
  • Recibe acusación.
  • Correr traslado del requerimiento de acusación a los sujetos procesales.
  • Emitir el auto elevando el requerimiento al fiscal superior.
  • Emitir auto en el que dispone investigación suplementaria.
  • Conoce apelación acusación fiscal.
  • Devolver la acusación al fiscal suspende audiencia por 5 días
  • Dictar de auto de citación a juicio.
  • Dirigir la etapa de juzgamiento.
  • Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso de juzgamiento.
  • Emitir sentencia (absolutoria o condenatoria).
Efectivamente, tales como:
 
  • Disposición de la práctica pericial por razones de inimputabilidad del procesado o anomalía psíquica sobrevenida.
  • Disposición de evaluación y evacuación del imputado que se enfermara durante la privación de libertad.
  • Resuelven las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas.
  • Averiguar los motivos de detención, disponer el reconocimiento medico legal, autorizar el traslado del detenido.
  • Resolver la dirimencia de las cuestiones de competencia entre los jueces de paz letrados.
En materia de Impugnación:
 
  • Resolver los incidentes sobre beneficios penitenciarios.
  • Examinar periódicamente la situación de quien sufre una medida de internación
El Juicio Oral es la última etapa del proceso penal. Se desarrolla en una o más audiencias, donde el Fiscal formula la acusación, el defensor representa al acusado frente a un Tribunal que puede ser colegiado o unipersonal dependiendo del delito a ser juzgado.

Es el escenario apropiado para la contraposición legítima y transparente de la pretensión punitiva del Ministerio Público y la pretensión de defensa o libertaría del Imputado y su patrocinador, ámbito, además en que estos sujetos procesales actúan la prueba pertinente para producir información de calidad que, valorada por el tercero imparcial, esto es, por el órgano jurisdiccional, constituido por los juzgados penales unipersonales o colegiados (artículos V.1 del TP. Y 28° del NCPP); soporte el fallo de absolución o condena, puesto que toda sentencia habrá de sustentarse sólo en lo actuado en juicio, bajo estricta inmediación.

No, también esta presente en las fases precedentes del juzgamiento, esto es, a la investigación preparatoria y etapa intermedia. Así ocurre, por ejemplo cuando el artículo 8 del NCPP, al señalar las pautas para el trámite de los incidentes, instituye como regla las audiencias, en las cuales el Juez escucha a las partes y resuelve de inmediato; lo mismo sucede con las audiencias vinculadas a la imposición de medidas de coerción procesal como la de convalidación de la detención preliminar (artículo 266°) o determinación de la prisión preventiva (artículo 271°); igualmente, debe mencionarse la práctica de audiencias de control del requerimiento fiscal de sobreseimiento ( artículo 345°) y de control de la acusación, mediante audiencia preliminar (artículo 351°).

El Nuevo Código Procesal Penal, prevé un total de 97 audiencias, de las cuales, catorce de ellas el nuevo Código Procesal Penal las denomina Vistas de la Causa

El horario de atención del Poder Judicial, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm.

Se concederá auxilio judicial a las personas naturales que para cubrir o garantizar los gastos del proceso, pongan en peligro su subsistencia y la de quienes ellas dependan. 

El auxilio puede solicitarse antes o durante el proceso mediante la presentación en la dependencia judicial correspondiente, de una solicitud en formatos aprobados por el Órgano de Gobierno y Gestión del Poder Judicial. La solicitud de auxilio judicial tiene carácter de declaración jurada y su aprobación de cumplirse con los requisitos del Artículo 179 de este Código, es automática. 

Quien obtenga auxilio judicial pondrá en conocimiento de tal hecho al juez que deba conocer del proceso o lo conozca, mediante la presentación de un escrito en el que incluirá la constancia de aprobación de la solicitud a la que se hace referencia en el artículo anterior y la propuesta de nombramiento de abogado apoderado. El Juez tomará conocimiento y dará trámite a la indicada documentación en cuaderno separado. El pedido de auxilio no suspende la tramitación del principal.

 
La competencia por razón de la cuantía se determina de acuerdo al valor económico del petitorio conforme a las siguientes reglas:

1. De acuerdo a lo expresado en la demanda, sin admitir oposición al demandado, salvo disposición legal en contrario; y 
2. Si de la demanda o sus anexos aparece que la cuantía es distinta a la indicada por el demandante, el Juez, de oficio, efectuará la corrección que corresponda y, de ser el caso, se inhibirá de su conocimiento y la remitirá al Juez competente. 
Son deberes de los Jueces en el proceso:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal;
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, empleando las facultades que este Código les otorga; 
3. Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en las fechas previstas y en el orden que ingresan al despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada; 
4. Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, incluso en los casos de vacío o defecto de la ley, situación en la cual aplicarán los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia; 
5. Sancionar al Abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude; 
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo considera indispensable.
Son deberes de las partes, Abogados y apoderados: 

1. Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso; 
2. No actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales; 
3. Abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones; 
4. Guardar el debido respeto al Juez, a las partes y a los auxiliares de justicia; 
5. Concurrir ante el Juez cuando este los cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales; y 
6. Prestar al Juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales, bajo apercibimiento de ser sancionados por inconducta con una multa no menor de tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal. 
El Ministerio Público ejerce las siguientes atribuciones: 

1. Como parte; 
2. Como tercero con interés, cuando la ley dispone que se le cite; y 
3. Como dictaminador.
El dictamen del Ministerio Público, en los casos en que proceda, será emitido después de actuados los medios probatorios y antes que se expida sentencia.

El representante del Ministerio Público es responsable civilmente cuando en el ejercicio de sus funciones actúa con negligencia, dolo o fraude. El proceso se sujeta al trámite que corresponde al de responsabilidad civil de los Jueces.  
1. Es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico; 
2. Se mantiene en blanco un espacio de no menos de tres centímetros en el margen izquierdo y dos en el derecho; 
3. Es redactado por un sólo lado y a doble espacio; 
4. Cada interesado numerará correlativamente sus escritos; 
5. Se sumillará el pedido en la parte superior derecha; 
6. Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra; 
7. Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el Juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara; 
8. La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al Juez del proceso y, de ser el caso, se hará referencia al número de la resolución, escrito o anexo que se cite; y 9. Si el escrito contiene otrosíes o fórmulas similares, éstos deben contener pedidos independientes del principal. 
El acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. 

El Juez, en decisión motivada, puede ordenar que se notifique a persona ajena al proceso. Las resoluciones judiciales sólo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código, salvo los casos expresamente exceptuados .  
Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición distinta de este Código.  
Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válidamente ésta no lo hace, se le declarará rebelde. También será declarado rebelde el litigante que notificado con la conclusión del patrocinio de su Abogado o la renuncia de su apoderado, no comparece dentro del plazo fijado en el Artículo 79.
Si se acredita que el demandante o su apoderado o ambos, faltaron a la verdad respecto de la dirección domiciliaria del demandado, se remitirá copia de lo actuado al Ministerio Público para la investigación del delito y al Colegio de Abogados respectivo para la investigación por falta contra la ética profesional, si uno de los dos fuese Abogado. Adicionalmente, se impondrá una multa individual no menor de diez ni mayor de treinta Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de lo regulado en el Artículo 4.
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este efecto, se consideran comunes a la ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con un traslado a la otra parte.Iguales derechos de modificación y ampliación tiene el demandado que formula reconvención. 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 
2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
3. Advierta la caducidad del derecho; 
4. Carezca de competencia; 
5. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; 
6. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible; o 
7. Contenga una indebida acumulación de pretensiones. 
Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.  
La demanda se presenta por escrito y contendrá: 

1. La designación del Juez ante quien se interpone; 
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante; 
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo; 
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda; 
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide; 6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad; 
7. La fundamentación jurídica del petitorio; 
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse; 
9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda; 
10. Los medios probatorios; y 
11. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del Abogado. El Secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. 
A la demanda debe acompañarse: 

1. Copia legible del documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante;
2. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado; 
3. La prueba que acredite la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas; 
4. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia del conflicto de intereses y en el caso del procurador oficioso; 
5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. A este efecto acompañará por separado pliego cerrado de posiciones, de interrogatorios para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso; y 
6. Los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.  
Las costas están constituídas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.  

Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.  
El recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o de casación. También procede contra la resolución que concede apelación en efecto distinto al solicitado.  
Las actuaciones judiciales se practican puntualmente en el día y hora hábil señalados, sin admitirse dilación.

Son días hábiles los comprendidos entre el lunes y el viernes de cada semana, salvo los feriados. 

Son horas hábiles las que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para las actuaciones que deban actuarse fuera del despacho judicial, son horas hábiles las que están comprendidas entre las siete y las veinte horas, salvo acuerdo distinto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Teléfono:                       (052) 583200

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